
El Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta críticas por nombramientos basados en lealtad política en lugar de méritos. La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, es un ejemplo, con un salario de 546.000 euros anuales. El apagón masivo en la Península expuso la fragilidad del sistema. Además, Begoña Gómez, esposa de Sánchez, y su hermano David Sánchez están imputados por presunto tráfico de influencias. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, también está imputado por presunta filtración de correos secretos.