
El Tribunal Supremo de España ha decidido que Carles Puigdemont no puede beneficiarse de la amnistía en relación con el delito de malversación agravada. Esta decisión complica el regreso político de Puigdemont y plantea un conflicto entre el Poder Judicial y el Gobierno. El Tribunal Constitucional, con una mayoría progresista de 7 a 4, deberá resolver si un Gobierno puede amnistiar delitos de corrupción vinculados a la malversación de caudales públicos. La Comisión Europea ha pedido explicaciones formales al Gobierno español y sigue con atención los desarrollos judiciales.