
El Gobierno teme que las filtraciones y audios que han salido a la luz, como el caso de Leire Díaz, sean solo el comienzo de una serie de revelaciones que podrían afectar a fiscales, jueces y Guardia Civil. El ministro Marlaska confía en el teniente coronel Balas Dávila, jefe de la UCO, y el juez en excedencia y la directora general de la Guardia Civil lo respaldarán. La UCO está cuestionada por una parte de la sociedad española, lo que beneficia a los socialistas. Se esperan más filtraciones y declaraciones, como la del capitán Bonilla, que podrían afectar al Gobierno. La Fiscalía Anticorrupción podría solicitar la apertura de una pieza separada y medidas cautelares contra Bonilla y otros guardias civiles. El presidente Sánchez considera dos fechas para las generales: 2026 o 2027.