
El gobierno de Pedro Sánchez ha lanzado un bulo contra la Guardia Civil, acusándola de querer colocar una bomba lapa al presidente, cuando en realidad el contexto era una preocupación por la posible utilización de sicarios venezolanos por parte del entorno de Sánchez. La Guardia Civil y la Unidad Central Operativa (UCO) están siendo difamadas y perseguidas por el gobierno, que intenta justificar la represión futura y preparar el terreno para la censura total. El vicepresidente María Jesús Montero y la ministra de educación Pilar Alegria están detrás de esta calumnia, que debería tener consecuencias penales. La sociedad española debe abrir los ojos y defender la libertad y la verdad.