
Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta argentina, ha comenzado a cumplir una condena de seis años de prisión bajo arresto domiciliario por delitos de corrupción en la concesión de obras públicas entre 2003 y 2015. La Justicia dejó firme la sentencia y la inhabilitó de forma perpetua para ejercer cargos públicos. La causa comenzó en 2008 y culminó con una sentencia del Tribunal Oral Federal en diciembre de 2022, ratificada por la Cámara de Casación Penal en noviembre de 2024. La Corte Suprema revisó el expediente y confirmó el proceso sin hallar violaciones a las garantías constitucionales. La sentencia involucra 51 licitaciones para obras viales en la provincia de Santa Cruz, y se determinó que se manipuló el aparato estatal para fines personales, beneficiando económicamente a allegados políticos y empresarios vinculados al matrimonio Kirchner. Cristina Fernández calificó su situación como parte de una persecución judicial y política, y ha denunciado una estrategia de 'lawfare'.