
La Generalitat de Cataluña ha aprobado un decreto ley que considera todos los proyectos de renovables como de 'interés público superior', lo que reduce la posibilidad de que se encallen en el trámite de alegaciones. Esto afectará a todos los proyectos, sea cual sea su capacidad de producción, y también a los proyectos de almacenamiento, como las baterías, que serán reguladas por primera vez en España. El objetivo es acelerar la transición energética en Cataluña, donde el 60% de la electricidad generada es de origen nuclear. En 2021, el Govern redujo a la mitad la duración de los trámites en los complejos más pequeños, y ahora se extiende esta medida a todos los proyectos. Se regulan las baterías con una potencia superior a 500 kilovatios (kW) y se facilitará su inclusión en los municipios catalanes.