
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, propone incrementar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 hasta los 4.000 millones de euros, condicionando los fondos a que las viviendas de protección oficial (VPO) mantengan su calificación de forma indefinida, evitando que se vendan en el mercado libre a precios elevados. El Ejecutivo busca proteger la inversión pública y garantizar un parque de vivienda asequible a largo plazo, especialmente para los jóvenes en ciudades afectadas por el auge de alojamientos turísticos. La ministra critica que regiones como Andalucía no apliquen la Ley de Vivienda, permitiendo que viviendas financiadas con fondos públicos pasen al mercado privado.