El cierre de las nucleares en España supone un problema económico, con una factura que supera los 20.300 millones de euros. El fondo que financia estas operaciones, nutrido con aportaciones de las eléctricas, acumulaba 8.677 millones a cierre de 2024, lo que significa que solo cubre el 43% del coste previsto, dejando una brecha de 11.690 millones de euros. El 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) extiende las previsiones hasta 2100 y retrasa el cierre total del parque nuclear hasta 2035. Las eléctricas, encabezadas por Iberdrola y Endesa, aseguran que operar bajo este esquema de costes es inviable y han presentado recursos en los tribunales contra la subida del 30% de la tasa Enresa. El Gobierno mantiene su posición de que los costes de desmantelamiento y gestión de los residuos no recaerán sobre los consumidores. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha respondido a las eléctricas con tres condiciones para cualquier prórroga del parque nuclear. El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha resumido la posición del Gobierno, indicando que no hay negociaciones formales para alargar la vida de las centrales y acusando a las compañías de intentar trasladar su factura al conjunto de la ciudadanía.