La participación del gobierno de EEUU en Intel puede ser sensata, considerando la importancia de la empresa en la producción de chips de vanguardia controlada por Estados Unidos. La empresa ha recibido más de 32.000 millones de dólares en ayudas desde 1989, y la Ley CHIPS aprobada en 2022 prometió 50.000 millones de dólares más. El presidente Trump ha mostrado interés en invertir en Intel, lo que podría atraer a otros inversores y reducir la probabilidad de fracaso. Sin embargo, también hay riesgos, como la influencia del gobierno en la toma de decisiones de la empresa. La casa Blanca ha intervenido en otros sectores, como el acero y los minerales críticos, y ha logrado que las empresas se dobleguen a sus demandas sin necesidad de acciones. El director de Intel, Lip-Bu Tan, ha sido objeto de polémica después de que Trump pidiera su destitución. La participación del gobierno en Intel podría generar beneficios para los accionistas, pero también plantea preguntas sobre la relación entre el gobierno y las empresas.