La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que el déficit público en 2025 se reducirá del 3,2% al 2,7% del PIB, lo que supone 0,5 puntos porcentuales menos, de los que atribuye 0,3 al menor impacto de sentencias judiciales. El informe de la AIReF cifra en 3.614 millones de euros el gasto para cubrir los riesgos derivados de sentencias ya dictadas y de litigios pendientes. Además, hay otros riesgos que no cuantifica, pero que elevarían la factura a casi 5.400 millones, incluyendo los 995 millones que reclama el Santander por los créditos fiscales del Popular y los 778 millones que piden Iberdrola y Endesa por la subida de las tasas de gestión de los residuos radiactivos. La AIReF hace hincapié en la incertidumbre sobre la cuantía exacta de las indemnizaciones e intereses y sobre el año en que se registrarán en contabilidad nacional. También se mencionan otros riesgos, como el litigio iniciado por las principales operadoras de telefonía móvil por la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico y la reclamación de IAG al Ministerio de Hacienda por la carga tributaria derivada de la integración de Iberia y British Airways en 2011.