
Anna, una mujer europea, llegó a España en 2013 para abrir una filial de una empresa registrada en la Unión Europea. Optó por el régimen fiscal de impatriados, aprobado en 2005, y presentó sus declaraciones de IRPF como impatriada. La empresa prosperó y, en 2018, la matriz decidió venderla a un comprador europeo. Anna y su marido, Bill, se beneficiaron de la operación, pero la AEAT los acusó de fraude y los sometió a un año de acoso incesante, pidiendo documentos y amenazando con penas de cárcel. La pareja aceptó pagar una sanción del 35% y abandonó el país. El bufete Amsterdam & Partners ha documentado decenas de situaciones similares y ha iniciado una macrocausa internacional contra la AEAT.