El sector de la automoción español se encuentra en un momento crítico debido a la transición hacia la movilidad sostenible. La electrificación avanza demasiado despacio, con solo el 11% de los turismos nuevos matriculados en 2024 siendo vehículos electrificados. Esto contrasta con la media de la Unión Europea, que es del 20%, y con China, que ya alcanza el 40%. El retraso se debe a precios elevados, ayudas a la compra poco ágiles, escasez de modelos asequibles y un despliegue insuficiente de puntos de recarga. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima fija objetivos ambiciosos, pero el ritmo actual está muy lejos de lo requerido. España debería multiplicar por ocho la instalación anual de cargadores públicos para cumplir con las metas marcadas para 2030. La infraestructura de recarga es el cuello de botella que está frenando la adopción del vehículo eléctrico. El informe del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid advierte que, sin un impulso público-privado más intenso, será imposible cerrar la brecha. La electrificación es el camino central marcado por Bruselas, pero no el único. Los combustibles renovables, como los e-fuels, los biocarburantes avanzados o el hidrógeno, jugarán un papel clave para complementar la transición energética. España tiene potencial para convertirse en líder europeo en la generación de estos combustibles sostenibles. El informe también pone el foco en la competencia exterior, especialmente en el empuje de China, que ha sabido anticiparse a la revolución eléctrica. La consecuencia es doble: presión a la baja sobre los precios y riesgo de dependencia tecnológica. El sector de la automoción español supone cerca del 10% del PIB y emplea a cientos de miles de trabajadores de forma directa e indirecta. El peso estratégico hace que cualquier retraso en la transición energética tenga consecuencias que van mucho más allá del mercado automovilístico.