El Tribunal Constitucional ha retrasado hasta 2026 su decisión sobre la legalidad del Impuesto sobre el Patrimonio, que afecta a 200.000 contribuyentes en España y ha recaudado más de 6.700 millones de euros desde 2021. El impuesto se creó en 1977 y ha sido reformado varias veces, siendo anulado en 2008 y restablecido en 2011. En 2021, se elevó el tipo máximo del 2,5% al 3,5%. El grupo parlamentario Popular presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional argumentando que las modificaciones no podían hacerse a través de una ley presupuestaria. Si el Tribunal declara inconstitucional el impuesto, Hacienda debería devolver todo lo recaudado desde 2021 con intereses a sus contribuyentes. Solo podrán recuperar los pagos aquellos contribuyentes que hayan solicitado previamente una rectificación de sus declaraciones o iniciado un procedimiento de devolución. El plazo para reclamar cubre ejercicios fiscales desde 2021 hasta 2024.