Los jueces deben justificar con un razonamiento excepcional y pormenorizado si obligan a pagar una liquidación tributaria en litigio con garantía

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que fija doctrina y establece que los jueces no pueden obligar de forma automática al contribuyente a desembolsar una liquidación tributaria que está en litigio y que ha sido garantizada previamente en la vía Administrativa. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha determinado que, si un tribunal decide obligar a una empresa a pagar una liquidación mientras se discute su legalidad, a pesar de existir un aval o garantía que cubre la totalidad de la deuda, deberá justificarlo con un razonamiento excepcional y pormenorizado. Esta decisión armoniza dos principios que hasta ahora chocaban con frecuencia, generando inseguridad jurídica. La sentencia no despoja a los jueces de su facultad para decidir, pero sí les impone una carga argumental muy superior. El Alto Tribunal fija una nueva doctrina jurisprudencial que matiza los precedentes de 1998 y 2005, y establece tres puntos clave: la independencia judicial con contexto, la suspensión previa como 'indicio privilegiado' y la 'motivación reforzada'. La sentencia es un balón de oxígeno para las empresas y los contribuyentes en general, ya que la litigiosidad tributaria es un proceso largo y costoso. La doctrina del Supremo es clara y pragmática, y establece que, si la propia Administración Tributaria consideró que un aval era suficiente para paralizar el cobro, no tiene sentido que un juez llegue a una conclusión contraria sin un motivo de peso. La sentencia envía un mensaje contundente sobre la seguridad jurídica y la buena administración, y subraya que la decisión administrativa de aceptar la garantía no es un mero trámite, sino una valoración de riesgo fundada.