El Ayuntamiento de Bétera ha incorporado a ChatGPT como herramienta para ahorrar tiempo en la redacción de informes, logrando un ahorro del 20% del tiempo. Sin embargo, la adopción de esta tecnología plantea desafíos en la administración pública debido a la falta de normas claras para su uso y la gestión de datos. La Unión Europea y España han establecido regulaciones para el uso de la inteligencia artificial, pero aún hay contradicciones y debilidades en la ley. El Ministerio de Función Pública planea invertir 14 millones de euros en una plataforma soberana de IA para agilizar trámites en la administración. La privacidad y seguridad de los datos son preocupaciones importantes, ya que los chatbots pueden guardar y filtrar información sensible. La incorporación de la IA en la administración pública puede ser beneficiosa, pero también plantea riesgos si no se utiliza de manera adecuada. La ley de la IA es restrictiva, pero no especifica malos usos claros en la administración pública. La inversión en IA puede ser una revolución para la administración, pero es importante considerar los riesgos y desafíos que conlleva.