La Ley CHIPS, aprobada en 2022, destinaba 52.000 millones de dólares a la producción de semiconductores en Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump ha iniciado un proceso de desmantelamiento, redirigiendo al menos 2.000 millones de dólares hacia la extracción y procesado de minerales críticos. Esto ha generado inquietud en la industria, ya que la Ley CHIPS era fundamental para competir con Asia en la producción de microchips. El Centro Nacional para el Avance de la Tecnología de Semiconductores (NATCAST) ha sido afectado, con una incautación de 7.400 millones de dólares. Esto puede frenar avances tecnológicos y afectar a la cadena de suministro mundial. La medida ha sido criticada por considerarla un golpe a la investigación y el futuro de la industria de semiconductores. El Departamento de Comercio aún no ha detallado cómo se utilizarán los fondos incautados, lo que genera incertidumbre en la industria.