La Banca Privada de Andorra (BPA) fue intervenida en 2015 por su participación en actividades de blanqueo de capitales procedentes de organizaciones criminales de Rusia, China y Venezuela. El consejero delegado, Joan Pau Miquel Prats, fue condenado a 7 años de prisión y 30 millones de euros de multa. La trama involucró a ciudadanos chinos, rusos y venezolanos, y se estima que el blanqueo de capitales ascendió a cientos de millones de euros. La Operación Emperador y la Operación Clotilde fueron dos operaciones policiales que desmantelaron la red de blanqueo de capitales. Los hermanos Cierco, propietarios de la BPA, intentaron vengarse de los responsables de su infortunio y pagaron 300.000 euros a una periodista para que les proporcionara pruebas de una operación de la 'policía patriótica' contra ellos. La periodista transfirió 100.000 euros a una cuenta de una sociedad mercantil administrada por Javier Pérez Dolset, quien asistió a una reunión con Leire Díez en Ferraz. La cloaca del PSOE está involucrada en la trama, y se espera que se dicten más sentencias en el caso.