El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia que el Gobierno impidió controlar a los manifestantes propalestinos durante la etapa final de La Vuelta Ciclista a España, lo que resultó en 22 agentes heridos, dos detenidos y la cancelación de la carrera. El SUP culpa directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de un dispositivo de seguridad 'totalmente insuficiente'. La policía se sintió 'atada de pies y manos' y no se les permitió emplear material antidisturbios, lo que los dejó en una posición de extrema vulnerabilidad. El SUP exige la dimisión inmediata del Delegado del Gobierno en Madrid y anuncia acciones legales. La cancelación de la etapa final puso en riesgo la seguridad de miles de espectadores y participantes. El SUP considera que el Gobierno 'alimentó' las protestas con fines políticos y que Marlaska 'miró hacia otro lado' ante las demandas históricas de los agentes por más recursos y mejores condiciones.