Una mujer trabajó como técnica de farmacia en una farmacia del sur de Francia durante 27 años sin tener el título oficial. En 2017, una inspección rutinaria descubrió su falta de titulación y fue despedida en 2018. La justicia francesa dictaminó que su despido fue improcedente y obligó al dueño de la farmacia a pagarle 34.800 euros de indemnización y 3.000 euros en costas judiciales. La responsabilidad de comprobar la titulación recaía en la empresa, no en la trabajadora. La sentencia subraya la responsabilidad empresarial en la verificación de credenciales y la importancia de adoptar protocolos preventivos en sectores regulados. La trabajadora había actuado con transparencia y sin engaño durante su vínculo laboral de más de dos décadas. El caso plantea un debate sobre la diligencia empresarial y la gestión de personal en sectores regulados.