
La Ley Orgánica 1/2025 prometía desalojos exprés en 15 días, pero los okupas han desarrollado tácticas para eludirla, como falsificar contratos y aprovechar la saturación de los juzgados. Ricardo Bravo, presidente de la Plataforma de Afectados por la Okupación, critica la ley por ser un parche que no soluciona el problema. La ley ignora a los inquiokupas, que son el 80% de las denuncias, y la falta de medios en los juzgados anula su potencial. Los okupas también utilizan tácticas de presión social para ganar apoyo en redes y movilizar a activistas. El Ministerio del Interior muestra un aumento del 7,4% en ocupaciones ilegales en 2024.