Didier Lombard asumió la presidencia de France Télécom en 2005 y implementó una reestructuración que incluyó recortar 22.000 empleos de una plantilla de 120.000 trabajadores. En lugar de despidos directos, Lombard y su equipo presionaron a los empleados para que renunciasen voluntariamente, creando un entorno laboral de miedo y deshumanización. Los métodos empleados fueron crueles, incluyendo traslados forzosos, tareas inútiles y reubicaciones sin formación. El resultado fue devastador, con casos de suicidios, intentos de suicidio y depresiones severas directamente relacionados con estas prácticas. En 2009, los sindicatos interpusieron una denuncia por acoso moral contra Lombard y otros altos cargos. El caso llegó a los tribunales en 2019 y Lombard fue condenado a un año de prisión, de los cuales solo tres meses eran de cumplimiento efectivo, además de una multa de 15.000 euros. Otros directivos también fueron sancionados. El juicio sentó un precedente legal y ético, al establecer que las decisiones de una cúpula empresarial pueden ser penalmente responsables cuando generan un entorno laboral destructivo.