
La Unión General de Trabajadores (UGT) ha asumido su responsabilidad civil en el 'caso Fundescan', un escándalo sobre el uso de fondos públicos para formación en Canarias, y ha pagado 662.634 euros al Gobierno de Canarias y a los trabajadores perjudicados. El sindicato ha evitado su condena como responsable civil subsidiario al llegar a acuerdos extrajudiciales. El caso se remonta a mediados de los años 2000 y ha marcado un antes y un después en la fiscalización del uso de fondos públicos para formación laboral en las islas. La Fiscalía ha señalado directamente a Alicia Rodríguez, secretaria general de UGT Canarias entre 2005 y 2009, como 'la máxima responsable' del desvío de fondos. El tribunal dará a conocer su fallo esta semana.