
La Ley por el Derecho a la Vivienda aprobada en mayo de 2023 bajo el gobierno de Pedro Sánchez ha tenido un impacto devastador en Barcelona. La norma ha reducido drásticamente la oferta de pisos en alquiler, disparado los precios medios y multiplicado los alquileres de temporada. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, afirmó que la ley está subiendo la oferta y bajando el precio, pero la realidad es que la oferta se ha desplomado y los precios han subido. El Gobierno ha prometido apenas 20.000 unidades de vivienda pública a largo plazo.