
El Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde Pumpido, ha dado un golpe al validar la Ley Orgánica de Amnistía, aprobada por el parlamento hace un año, lo que supone un descrédito para el órgano de garantías. La ponente de la sentencia sostiene que el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente, lo que es considerado un fraude jurídico. La ley de Amnistía permite al legislador revisar las condenas de los tribunales, borrando delitos que estaban vigentes cuando el Poder Judicial sentenció, lo que abre la puerta a que el Gobierno pueda revisar las penas de los tribunales con el solo requisito de incluirlas en una ley.