
La Audiencia de Sevilla ha iniciado un macrojuicio por posibles delitos en la adjudicación de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, con un valor potencial de 18.000 millones. El principal acusado es Vicente Fernández Guerrero, quien fue responsable de la licitación en la Junta socialista de Andalucía y posteriormente presidente de la SEPI, nombrado por María Jesús Montero y Pedro Sánchez en 2018. Fernández Guerrero está acusado de prevaricación y se enfrenta a una petición de cárcel de 19 años, inhabilitación de 60 años y multa de 2 millones de euros. La licitación, convocada en 2013, fue adjudicada a Minorbis, una empresa recién creada con 3.000 euros de capital social, pese a la oposición de Emérita Resources España SLU, una empresa canadiense con respaldo de 3.000 millones en proyectos mineros.