
El gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, ha lanzado una ofensiva contra las universidades privadas, considerándolas una amenaza a la hegemonía estatal en la educación. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el propio presidente han expresado su hostilidad hacia estas instituciones, argumentando que defienden la libertad de elección de los ciudadanos pero en la práctica lo que buscan es evitar la competencia y mantener el control estatal. El artículo destaca la hipocresía del gobierno ya que varios ministros han estudiado en universidades privadas. Se critica que las medidas restrictivas, como la obligación de tener 4.500 estudiantes en los primeros cinco años y ofrecer al menos tres programas de doctorado, lo que dificultan la creación de nuevos centros privados. El autor considera que estas acciones responden a una visión ideológica social-comunista que busca el control total del estado sobre la educación.