
El gobierno de Pedro Sánchez ha ejercido presión sobre la UE para que vote a favor de la inclusión del catalán, esukera y gallego como lenguas oficiales, con un coste de 132 millones de euros. Sin embargo, la votación ha sido aplazada debido a dudas legales, financieras y políticas. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha manifestado que la prioridad es el reconocimiento de las lenguas regionales, a pesar de que no son cooficiales en el Estado español. El artículo 3 de la Constitución establece que el castellano es la única lengua oficial del Estado. El PP y Vox deben intensificar sus contactos para impedir que se apruebe esta medida.