
El Juzgado de Instrucción núm. 13 de Sevilla investiga un supuesto delito de prevaricación en los contratos de emergencia entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y clínicas privadas entre 2020 y 2024. El juez pide al Gobierno andaluz todos los correos electrónicos y comunicaciones directas que tuvo el SAS con las empresas adjudicatarias de esos contratos. La causa judicial está relacionada con la adjudicación de 243 millones de euros a dedo a clínicas privadas sin amparo legal. La actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, están imputados. El juez investiga contratos que fueron censurados por más de una decena de informes de la Intervención de la Junta, que alertó a la Consejería de Salud de que el procedimiento de contratación era irregular.