
La ruptura unilateral del contrato con la empresa israelí para el suministro de munición a la Guardia Civil, ordenada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha generado preocupación en el Instituto Armado. La asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) afirma que esta decisión puede afectar el abastecimiento de cartuchos y limitar la formación de los agentes. La munición encargada era para minimizar interrupciones en las pistolas 'Ramón', que pueden ser utilizadas por el resto del armamento en uso. El Estado podría enfrentarse al pago de una indemnización de 6,6 millones de euros.