
El Gobierno apoya a García Ortiz pese a su procesamiento ante el Supremo, con un posible castigo de hasta 4 años de prisión por revelación de secretos. El Estatuto de la Fiscalía establece que los fiscales incapacitados para su ejercicio de funciones fiscales son aquellos condenados por delito doloso. García Ortiz ha incurrido en faltas graves como la revelación de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función, y el abuso de autoridad. La Junta de Fiscales de Sala ha pedido su dimisión, pero García Ortiz se niega a dimitir. El artículo 45 del Estatuto de la Fiscalía establece que los fiscales condenados por delito doloso están incapacitados para su ejercicio de funciones fiscales. El artículo 31 regula el cese del Fiscal General, y el artículo 62 establece que la revelación de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función es una falta grave.