
La Unión Europea ha interpuesto una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber implementado completamente la Ley de Servicios Digitales (DSA) en su normativa interna. La DSA introduce obligaciones para grandes plataformas en áreas como eliminación de contenido ilegal, protección de menores, transparencia publicitaria y control de la desinformación. España designó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como coordinador nacional, pero no ha otorgado las competencias necesarias para que actúe con efectividad. La Comisión Europea ha fijado un plazo hasta el 17 de febrero de 2024 para implementar las disposiciones clave de la DSA. Si el TJUE falla en contra del Gobierno español, puede imponer sanciones económicas que oscilan entre 30.000 euros y el 6% del volumen de negocios anual de las plataformas infractoras.