
La Comisión Europea cuestiona la Ley de Amnistía aprobada por el gobierno español y sus socios separatistas, argumentando que parece constituir una autoamnistía por dos motivos: los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación y el proyecto de ley es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno. La Comisión deduce que no responde a un objetivo de interés general. Mientras tanto, el gobierno arropa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a pesar de estar imputado y a punto de ser procesado por la comisión de delitos graves. La ministra portavoz Pilar Alegría defiende su derecho a la presunción de inocencia, pero critica a los jueces que están haciendo cosas difíciles de entender.