Inquilinos contra propietarios: en el futuro, la clase social dependerá de si tienes piso
La propiedad se convierte en un marcador clave de la clase social en España, con una brecha de desigualdad entre propietarios e inquilinos que se ha consolidado como una de las principales divisiones sociales de nuestro tiempo.
La propiedad se convierte en un marcador clave de la clase social en España, con una brecha de desigualdad entre propietarios e inquilinos que se ha consolidado como una de las principales divisiones sociales de nuestro tiempo.

La vivienda en España se ha convertido en un medio fundamental de acumulación de capital, con un 70% de la riqueza de los hogares españoles concentrada en la propiedad inmobiliaria. Esto ha generado una nueva forma de estratificación social donde los propietarios acumulan más riqueza que los inquilinos. Según el Banco de España, la rentabilidad bruta de la vivienda se situó en el 10,5% anual entre 2015 y 2022. Los propietarios tienen un patrimonio 33 veces superior al de los inquilinos. La desigualdad entre propietarios e inquilinos se ha consolidado como una de las principales divisiones sociales de nuestro tiempo. La clase media ha muerto y la propiedad se convierte en un marcador clave de la clase social. Los inquilinos necesitan destinar más del 40% de sus ingresos para pagar el alquiler, mientras que los propietarios tienen mayor control sobre sus vidas y recursos. La compra de una vivienda por parte de los jóvenes supone un esfuerzo mucho mayor que el que supuso para sus padres cuando tenían su edad. La ratio vivienda-renta se ha triplicado para los jóvenes en los últimos 40 años.

fuente www.businessinsider.es
16-12-2024 05:00

Economía
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La economía española creció un 0,8% en el tercer trimestre del año, impulsada por el gasto público, que avanzó un 2,5%. El consumo de los hogares aumentó un 1,2%, mientras que la inversión retrocedió un 1,3%. La demanda nacional aportó 2,8 puntos al crecimiento interanual del PIB, y la demanda externa contribuyó con medio punto. La economía española acumula 17 trimestres consecutivos de incrementos trimestrales y 14 trimestres de avances interanuales.
Mercadona aumentará un 8,5% el sueldo de sus trabajadores en España y Portugal, afectando a más de 100.000 empleados, con un salario base de 1.685 euros brutos al mes y 2.280 euros brutos al mes después de cuatro años, además de una prima adicional y una mensualidad extra en marzo, tras un aumento del 15% en las ventas consolidadas en 2023, que alcanzaron los 35.527 millones de euros
La industria manufacturera en España representa el 12,3% del Valor Añadido Bruto, inferior a otros países. El Gobierno ha aprobado una Ley de Industria para impulsar la competitividad y resiliencia del sector. La ley incluye instrumentos de política y gobernanza industrial, como el Consejo Estatal de Política Industrial y la Conferencia Sectorial de Industria y Pyme. También se crea una protección especial para la industria intensiva energética y se regulan las condiciones para que las empresas puedan abandonar el país. España está recibiendo inversiones industriales estratégicas, como la de Stellantis y Cat en Zaragoza, y la OCDE sitúa a España como la economía que mejor lo hizo en 2024.
Los productores de plátano de Canarias estiman una producción de 450 millones de kilos en 2024, lo que es menos que en 2023 pero por encima del umbral de 420 millones establecido por el programa POSEI de la Unión Europea. A pesar de esto, los productores han perdido dinero durante 22 meses debido a precios no rentables. El programa POSEI garantiza una aportación de 0,33 euros por kilo hasta los 420 millones de kilos, pero si la producción supera este umbral, los fondos se prorratean entre los plátanos comercializados. Los productores esperan fondos extra de la PAC y el gobierno de Canarias ha aprobado el adelanto de la mitad de la ayuda de POSEI. Sin embargo, los productores saben que necesitan una solución a largo plazo para evitar perder más dinero en el futuro.
La Agencia Tributaria utiliza fórmulas inadecuadas para medir la conflictividad y la eficiencia, lo que lleva a una imagen distorsionada de su actividad. La conflictividad se mide por la proporción de actos administrativos impugnados, sin considerar el importe de los mismos. La eficiencia se mide por la proporción de costes directos y recaudación, lo que no tiene en cuenta los costes indirectos y la conflictividad generada. La Agencia Tributaria afirma que su eficiencia ha aumentado en los últimos años, lo que se debe en parte a la subida de impuestos. Se estima que se producen más de 10 millones de devoluciones tributarias al año en el IRPF.
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