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El Gobierno ha aprobado una reforma fiscal que ingresará más de 6.000 millones de euros el próximo año, con el apoyo de varios partidos políticos. La reforma incluye una subida de impuestos, aunque algunos de los impuestos más polémicos no se han aprobado. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha liderado la reforma.
La OCDE destaca que España es el quinto país con mayor crecimiento de la presión fiscal en los últimos 13 años, con un 37,3% del PIB en 2022, frente al 33,9% de media de la OCDE. La presión fiscal en España ha aumentado en 5,6 puntos porcentuales desde 2010. Francia tiene la mayor carga fiscal, con un 43,8% del PIB, seguida de Dinamarca e Italia. La estructura fiscal de España es similar a la del resto de países europeos, con contribuciones a la Seguridad Social como principal partida.
La banca española enfrenta tres golpes fiscales: un recargo adicional del 5% en el Impuesto de Sociedades, un gravamen del 4,8% sobre intereses y comisiones, y la Tasa Tobin. Esto ha llevado a una caída en la concesión de crédito de 40.125 millones en el primer bienio de aplicación del recargo tributario. El PIB de España ha crecido un 36% desde 2007, pero la concesión de crédito ha caído un 36%. Los depósitos han aumentado apenas un 7%. Los principales grupos financieros han sufrido una caída de su beneficio en España del 32%. Se han destruido 115.000 puestos de trabajo en el sector y se han cerrado 27.850 puntos de atención al cliente. La banca española se ha volcado en expandir sus líneas de negocio internacional, que ya representan el 55% de los activos financieros del sector.
Blackstone, CVC, Bain, KKR y Brookfield están invirtiendo en centros de datos en España. Blackstone lidera con una inversión de 7.500 millones de euros en Zaragoza. La última compra fue la de Nabiax por Aermont Capital por 1.000 millones. El sector está en plena ebullición en España.
Las empresas están utilizando políticas de ética para justificar despidos disciplinarios, lo que ha aumentado un 7,2% en España, afectando a 430.716 empleados. Ejemplos incluyen a Meta, que despidió a 20 empleados por cambiar bonos de comida por vinos y productos de limpieza, y a Mercadona, que despidió a un empleado por comerse una croqueta descartada. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que cambia el criterio para los despidos disciplinarios, requiriendo un trámite de audiencia previa para que los empleados puedan defenderse.
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