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El juez Ismael Moreno ha solicitado a la UCO que examine los dispositivos electrónicos intervenidos para determinar si contienen información que respalde las declaraciones de la empresaria Carmen Pano, quien asegura haber entregado 90.000 euros en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. El juez ha rechazado citar a declarar a Carmen Pano y a su hija como testigos por ahora. La UCO investiga la posible entrega de dinero en efectivo en Ferraz, que podría estar relacionada con la concesión de licencias de operadora a la empresa Villafuel. El PSOE ha sido aceptado como acusación popular en el caso, lo que ha generado controversia debido a las acusaciones que lo implican indirectamente en los hechos investigados.
La Justicia de Extremadura ha fallado que la Diputación de Badajoz debe anular el examen de una aspirante a funcionaria en el puesto de técnico de Gestión Administrativa, debido a irregularidades en la corrección del ejercicio. La sentencia declara la nulidad de la nota de la aspirante, familiar del letrado de la Diputación, y ordena la revisión del proceso selectivo. El caso se relaciona con la contratación laboral en la Diputación de Badajoz, que ha sido cuestionada en el pasado, como en el caso del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón. La sentencia afecta a una persona que pertenece a un árbol familiar con cinco raíces en la Diputación, incluyendo la madre de la aspirante, que consiguió una plaza tras superar un examen con 16 temas sobre la Constitución Española pese a no hablar bien el idioma español.
El PP y Junts han introducido una reforma legal que permite a bares y restaurantes de menos de 1.300 metros cuadrados librarse de la obligación de donar excedentes de comida. La medida se aprobó en la Comisión de Agricultura con el apoyo de Vox, ERC y Bildu, mientras que el PNV se abstuvo. La enmienda establece que solo los establecimientos con una superficie útil superior a 1.300 metros cuadrados están obligados a donar comida sobrante. También se incluyeron otras enmiendas, como la regulación del espigueo y la eliminación de la exigencia de destinar un 20% de la área de venta a productos sin embalaje primario.
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, cerró una cuenta corriente en el BBVA el 21 de marzo de 2024, justo antes de que la juez Beatriz Biedma comenzara la investigación judicial. El banco no puede rastrear los fondos que invirtió en acciones, solo han logrado rastrear 71.411,16 euros en empresas como Enagás, Repsol, Telefónica y Redeia Corporación. La juez Biedma continúa investigando a David Sánchez por la creación de una plaza en la Diputación de Badajoz y la mudanza a Portugal para pagar menos impuestos.
La juez Beatriz Biedma ha rechazado el recurso de la Fiscalía para evitar la declaración de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, como imputado en un caso de presuntos delitos contra la Administración, la Hacienda Pública, prevaricación, tráfico de influencias y malversación. La juez considera que hay motivos suficientes para llamar a declarar a David Sánchez y que no se le ha causado indefensión. El caso se refiere a la designación de David Sánchez para un cargo en la Diputación de Badajoz en 2017, del que se sospecha que no realizó las funciones esenciales y percibió un sueldo público sin trabajar. La UCO ha concluido que no se ha podido especificar en qué actividades intervino David Sánchez y que no ha tenido despacho hasta mayo de 2024. La declaración de David Sánchez está fijada para el 9 de enero.
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