La legislación española convierte el teletrabajo en un laberinto burocrático. Las empresas extranjeras deben cumplir con las mismas obligaciones fiscales y laborales que si abrieran una oficina en España. Esto significa que deben registrarse en la Seguridad Social, obtener un Número de Identificación Fiscal, designar un representante legal y tener un establecimiento permanente en el país. El Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio establece que no hay diferencia entre empleo presencial o remoto. Si el trabajador reside fiscalmente en España, la empresa debe tributar en España. Esto genera un efecto colateral curioso, el mercado español se vuelve poco atractivo para compañías globales. Algunas empresas optan por vías alternativas, como que el trabajador se dé de alta como autónomo o cree una sociedad limitada, pero esto tiene riesgos. Otra opción es recurrir a intermediarios como Deel o Remote, que encarecen los costes laborales entre un 10% y un 20%. España forma cada año a miles de ingenieros de software, expertos en IA, analistas de datos y diseñadores UX, pero el marco legal no parece diseñado para ese tipo de empleo. El caso de Vercel no es aislado, ocurre con startups de Silicon Valley, compañías europeas y proyectos open source que quisieran incorporar desarrolladores españoles.