El Gobierno de Uruguay rescindirá el contrato con el astillero Cardama para la construcción de dos buques de patrulla oceánica debido a presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo. El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, afirmó que existen indicios de fraude al Estado uruguayo y ordenó iniciar acciones judiciales civiles y penales. El contrato se firmó en 2023 por 92 millones de dólares. Cardama no cumplió con la presentación de una garantía de fiel cumplimiento en el plazo establecido de 45 días, lo que se extendió a once meses. La empresa presentó una garantía de la empresa Eurocomerce Ltda., que resultó ser una empresa de papel en proceso de liquidación. El astillero considera que la anulación del contrato supondría un varapalo para la empresa y para Uruguay, que necesita las embarcaciones para solucionar problemas de pesca ilegal y narcotráfico. En caso de rescisión, Cardama debería devolver al Gobierno uruguayo alrededor de 8 millones de euros en concepto de garantías, y se debería dirimir qué ocurriría con los 28 millones de euros ya abonados para la construcción de las patrulleras.