Los precios desorbitados de la vivienda y el alquiler están llevando a los jóvenes a buscar alternativas para acceder a una vivienda. Por otro lado, las personas mayores se enfrentan a una etapa en la que las residencias son costosas y no siempre representan la mejor opción. En este contexto, surgen los pactos asistenciales, acuerdos privados en los que una persona mayor se garantiza el cuidado de otra persona a cambio de una vivienda o la promesa de una herencia. Según Tatiana Cucurull, profesora de la Universitat Oberta de Catalunya, la clave jurídica reside en la reciprocidad y onerosidad de estos pactos. En Catalunya, se necesitarán 80.000 nuevas plazas residenciales y 26.000 profesionales en la próxima década. Los pactos asistenciales funcionan como una solución pragmática, permitiendo a los jóvenes acceder a una vivienda y a los mayores evitar las listas de espera públicas y los elevados costes de las residencias privadas. Sin embargo, estos pactos carecen de un marco jurídico específico que regule su contenido y seguimiento, lo que puede generar conflictos. Un pacto asistencial bien redactado debe prever situaciones futuras y establecer criterios para adaptar la prestación a las circunstancias cambiantes. El coste de una residencia privada puede superar los 2.000 euros mensuales, lo que hace que los pactos asistenciales sean una opción atractiva para muchos.