Mantener a más de 11,5 millones de personas presas en todo el mundo es un gasto colosal para los Estados, con Estados Unidos liderando con un presupuesto anual de más de 80.000 millones de dólares. El modelo de gestión privada, especialmente extendido en EE. UU., Reino Unido, México y Brasil, ha abierto la puerta a empresas que lucran con la vida tras las rejas, recibiendo más de 3.900 millones de dólares al año solo en territorio estadounidense. Los servicios como la comida, la atención médica y la telefonía multiplican sus precios hasta un 600%. Las pandillas criminales también aprovechan el sistema, vendiendo drogas y smartphones a precios exorbitantes. En Brasil, el sistema de pago “por preso” incentiva a las empresas a mantener las cárceles llenas, lo que ha llevado a hacinamiento extremo y motines sangrientos. La economía informal en las prisiones superpobladas ha creado un ciclo de deudas y violencia, convirtiendo a la prisión en una fábrica de reincidencia. El politólogo Benjamin Lessing ha señalado que las pandillas han impuesto reglas internas para dar un mínimo de orden, pero a costa de mantener un control férreo y perpetuar su poder criminal.