Un adolescente maliense llegó a Canarias en octubre de 2023 y sufre por la pérdida de un amigo en el cayuco. Está en una sala con 185 literas y tiene acceso a pocas actividades. La situación es similar para cientos de adolescentes acogidos por el gobierno de Canarias. La Constitución Española establece la competencia en asistencia social, incluida la protección de la infancia, y el tratado internacional de infancia debe aplicarse sin confusiones de competencias. El Estado es responsable de cumplir con este tratado, vulnerado en la actualidad. El debate sobre los traslados de niños y niñas no acompañados debe enfocarse en el interés superior de los menores, no en competencias. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han emitido autos y sentencias que apoyan la urgencia de la situación y la necesidad de cooperación entre administraciones. Es clave aplicar los principios constitucionales de solidaridad, colaboración y coordinación para dar una respuesta rápida a los niños y niñas varados. La situación es de naturaleza supraautonómica y sobrepasa la capacidad de gestión autónoma. El gobierno central y las comunidades autónomas deben trabajar juntos para garantizar los derechos de los menores. La Convención sobre los Derechos del Niño debe ser aplicada sin excepciones. Más de 6.000 niños y niñas han sido recibidos por Canarias y Ceuta, y es necesario encontrar una solución urgente para su protección y desarrollo.