Amanda Orozco, de 60 años, denuncia acoso inmobiliario en su vivienda en València. La puerta de su casa fue precintada y recibió llamadas para que abandonara el inmueble. La hipoteca de su casa se duplicó desde los 600 euros que pagaba inicialmente, lo que le impidió hacer frente a los pagos. El Banco de Sabadell y los fondos de inversión Promontoria Coliseum y Cerberus se han negado a hacer declaraciones. Amanda ha denunciado el caso en las oficinas PROP de la Generalitat Valenciana, invocando el decreto ley contra el acoso inmobiliario aprobado en 2023. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Valencia ha pedido un protocolo de actuación en casos de acoso inmobiliario. Desde febrero de 2023, se han presentado nueve denuncias por acoso inmobiliario sin que se haya tenido constancia de ninguna diligencia o notificación sobre el resultado de cada una de ellas. El decreto contra el acoso inmobiliario establece sanciones que van desde los 350.000 hasta el millón de euros en los casos más graves.