La Comunidad Valenciana, en colaboración con la Policía, ha puesto en marcha una medida para frenar la okupación ilegal de viviendas públicas. Se instalarán 300 sistemas de seguridad y alarma en viviendas de propiedad pública, con un coste de 1.049.070 euros, para los próximos cuatro años. La provincia de Alicante recibirá 150 alarmas, mientras que Valencia y Castellón se repartirán las otras 150. La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, y la directora general de la EVhA, Estefanía Martínez, están al frente de esta medida. El objetivo es no tolerar nuevas ocupaciones irregulares en viviendas públicas que impiden su rehabilitación y su posterior adjudicación a familias demandantes de vivienda social. Según el INE, la provincia de Valencia tiene un 10,6% de okupación, Castellón un 12,4% y Alicante un 13,1%. La medida se considera un 'escudo antioKupa' para proteger las viviendas públicas y garantizar que las familias que las necesitan puedan acceder a ellas.