
El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia por unanimidad donde se establece que el Senado actuó dentro de sus competencias al considerar una proposición de ley para derogar la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones de 1987, presentada por el PP, que entraría en vigor el 1 de enero de 2024. El Gobierno de Pedro Sánchez se opuso con un veto presupuestario, pero la Mesa del Senado lo rechazó. La sentencia detalla que el veto no puede ejercerse en relación con presupuestos futuros y que la entrada en vigor de la medida estaba prevista para otro ejercicio presupuestario distinto, los de 2024, con independencia de que los presupuestos de 2023 se prorrogasen o no.