
La corrupción en la contratación pública implica a funcionarios que emiten informes técnicos para adjudicar contratos a empresas determinadas. La puntuación final de las empresas licitadoras se determina por la suma de la puntuación de la oferta económica y la oferta técnica, que puede alcanzar un porcentaje del 30 o 40% sobre la valoración final. Los funcionarios que emiten estos informes pueden recibir instrucciones directas o indirectas para puntuar favorablemente a determinadas empresas. La recepción de comisiones, el miedo a perder el puesto o la percepción de productividad pueden ser motivos para que los funcionarios accedan a estas peticiones. Es necesario llamar a declarar a los funcionarios que emitieron los informes para que respondan de su actuación.