Detenido el jefe de Delitos Económicos de la Policía Nacional en Madrid con cerca de 20 millones de euros ocul
La detención del jefe de la Sección de Delitos Económicos de la Policía Nacional está relacionada con la operación antidroga en la que se intervino el mayor alijo de cocaína de la historia del país.
La detención del jefe de la Sección de Delitos Económicos de la Policía Nacional está relacionada con la operación antidroga en la que se intervino el mayor alijo de cocaína de la historia del país.

La Policía Nacional detuvo al jefe de la Sección de Delitos Económicos de la Brigada provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid en el marco de una operación dirigida por la Audiencia Nacional contra el narcotráfico, el blanqueo de capitales y el cohecho. La detención podría estar relacionada con la operación antidroga en la que se intervino el mayor alijo de cocaína de la historia del país con más de 13 toneladas de cocaína enviada desde Ecuador. Los agentes de Asuntos Internos hallaron alrededor de 20 millones de euros ocultos emparedados en las paredes del domicilio del jefe policial y su mujer. El contenedor que transportaba el cargamento de cocaína fue interceptado en el puerto de Algeciras (Cádiz) y contenía 13.062 kilos de cocaína. La aprehensión de estas 13 toneladas supone el mayor alijo de esta droga intervenido hasta la fecha en la historia del narcotráfico en España.

fuente www.larazon.es
08-11-2024 16:27

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Una trabajadora de una cafetería de Vigo se encontró el bar cerrado tras 10 días de baja. El Juzgado de lo Social n.º 6 le concedió 1.598,55 euros en concepto de liquidación, pero no evaluó si se trataba de un despido nulo o improcedente. La trabajadora acudió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que anuló la primera sentencia y ordenó un nuevo fallo. El nuevo fallo le concedió 2.243,56 euros de indemnización o la readmisión en el café-bar La Ilusión. La trabajadora recurrió de nuevo, pero el TSXG le negó todas sus reclamaciones, incluyendo la nulidad del despido y la categoría de cocinera. La cuantía real de salario fue de 45,32 euros al día.
Una urbanización en Carabanchel ha sido ocupada por 28 familias peruanas que compraron los pisos por 2.000 euros a un presunto clan. Los vecinos denuncian ruidos y peleas, y la promotora no ha tomado medidas efectivas. Los pisos tienen un precio de alquiler de 875 euros al mes para uno de un dormitorio, 1.135 euros para uno de dos dormitorios y 1.500 euros para un ático. La situación ha generado tensión en la comunidad y ha sido criticada por la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino.
Un presidente de una comunidad de vecinos en Fuenlabrada ha dejado una nota en los rellanos para avisar de la factura de la luz común, sugiriendo que pasar el verano en Punta Cana sería 3€ más barato. La nota decía: 'Nos ha llegado la factura de la luz de este mes, y nos quieren agradecer el excesivo consumo premiándonos con un ahorro del 20% en el consumo de luz al final del túnel'. También se menciona un caso en Santander donde una vecina pone un ambientador en su puerta y sus vecinos creen que es una cámara.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene dos alternativas para recuperar el contenido borrado del teléfono del fiscal general Álvaro García Ortiz. La primera es utilizar herramientas de recuperación de contenidos digitales, que pueden recuperar mensajes eliminados manualmente. La segunda es acceder a los mensajes almacenados en la nube, aunque esto es más complejo y depende de terceros. García Ortiz cambió de teléfono el 23 de octubre, una semana después de que se abriera causa contra él. La UCO tratará de acceder al contenido de los terminales de García Ortiz para trasladar un nuevo informe al Tribunal Supremo en el marco de las pesquisas por la supuesta filtración en torno a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Jordi Riera denunció en redes sociales que la Policía de Girona le pidió que abandonara su vivienda después de que unos okupas la ocuparan. El incidente ocurrió el 3 de enero y los okupas mostraron un vídeo como prueba de que habían estado viviendo allí. La Policía les permitió quedarse y los propietarios tuvieron que salir. El caso está en los juzgados y se espera que se estudie como urgente. La Ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia, que entrará en vigor el 3 de abril, permitirá juzgar casos de allanamiento y usurpación de morada en 15 días.
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