
La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin reducción salarial se encuentra en una fase crítica. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto el 6 de mayo, pero la tramitación parlamentaria está empantanada. El Congreso de los Diputados ha prorrogado en tres ocasiones el plazo para presentar enmiendas, con un nuevo límite el 11 de junio. Junts per Catalunya ha advertido que presentará una enmienda a la totalidad, lo que podría tumbar la reforma. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que el Gobierno está dispuesto a endurecer por decreto el registro horario digital en las empresas si la reducción de jornada no se aprueba. Sumar ha lanzado una campaña de movilización ciudadana los días 14 y 15 de junio en más de 70 localidades para trasladar presión al Parlamento y visibilizar el respaldo social a la propuesta.